sábado, 5 de noviembre de 2011

Menos subsidios y más empleo


Estamos viviendo una crisis que posiblemente sólo la contemplemos una vez en nuestras vidas y, que está destrozando nuestra vida y la de nuestras familias. Como siempre, en cada crisis del sistema capitalista, los especuladores, los poderosos, los privilegiados, crean las crisis, y las clases más desfavorecidas la sufren y las padecen.

Los desempleados de larga duración, los mayores de 50 años, los jóvenes, los inmigrantes y los discapacitados, son los colectivos a los que la crisis está golpeando con especial virulencia.

Una crisis que marcará un antes y un después en nuestras vidas y en la propia sociedad. En el aspecto económico, porque será necesario un nuevo modelo productivo; en el aspecto social, porque está en cuestión el propio estado de bienestar y; en el aspecto político, porque es cada vez mayor la demanda ciudadana a favor de una democracia participativa.

Debemos esperar de los gobernantes que hagan un uso eficiente de los recursos públicos, que tengan austeridad en el gasto corriente y, que creen las condiciones necesarias para la creación de empleo.

Sin embargo, ¿qué política social es ésta que manda a millones de personas a la economía sumergida? ¿es justo que se nos retrase la edad de jubilación a los 67 años mientras que el Presidente del Gobierno se jubilará con 51 años cobrando 154.000 euros al año? ¿cómo es posible que crear una empresa en España cueste el triple de trámites y dinero que en el conjunto de la OCDE? ¿no es el subsidio un insulto a la dignidad de la persona? ¿es razonable que el Estado pague a los parados por no trabajar cuando debería retribuirlos por un esfuerzo?

Creemos que el subsidio se debería concentrar en desarrollar programas sociales donde trabajarían a tiempo parcial, de tal manera que el subsidio no se entregaría a las personas, sino a las iniciativas que nacieran del ámbito de las entidades sin ánimo de lucro.

En cuanto a los políticos su labor se debe concentrar en tener la suficiente valentía para modificar los marcos legales que acaben con los privilegios y generen los cambios necesarios que permitan el desarrollo de una economía solidaria en que las personas sean parte activa y fin de la economía.